A mediados de marzo, los comités de empresa de diez radiotelevisiones de nuestro país se reunieron por primera vez ante una "situación de desesperación". Bajo la sospecha de que los medios públicos estaban convirtiendo en "gabinetes de prensa" de los distintos Gobiernos a través de un "mismo modus operandi", veían necesario actuar cuanto antes. Así nacía la alianza RTV’s Públicas en Lucha. Entre los distintos entes autonómicos, la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). Desde hace años, especialmente desde 2020, los trabajadores de su canal principal, Canal Sur, denuncian una burda manipulación cuyas raíces nacen en San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, castillo del Partido Popular (PP), trono de Moreno Bonilla. Las escaletas se han impregnado del "argumentario" de los de la gaviota y ante cualquier tipo de 'revolución', una respuesta clara: "represalias" y "represión".
Ruth Mingorance, presidenta del Comité Intercentros de la RTVA, ha desgranado las distintas problemáticas que afronta el canal de televisión andaluz y que, en su inmensa mayoría, desembocan en una pérdida de "capacidad productiva". La representante denuncia, en primer lugar, la "merma" de la plantilla, habiendo pasado de los en torno a 1700 trabajadores, en 2009, a los poco más de 1100 actualmente. Una de las principales causas es la jubilación: "La previsión de jubilaciones que tenemos en los próximos 5 años es de 500 personas y no hay un plan de empleo que garantice la viabilidad de la empresa de cara a cinco años porque no se están haciendo previsiones para solucionar el déficit".
Por otro lado, la existencia de unos "presupuestos totalmente irreales". "No tenemos una financiación ni estable ni suficiente que permita hacer planes de programación a lo largo del año", denuncia Mingorance. Por ello, Canal Sur recurre y "depende" de "transferencias adicionales" que caen en manos de productoras externas que dan los "programas ya en mano": "Es una forma de sacar dinero público a lo privado". Estas decisiones favorecen la que es una de las cuatro denuncias principales de la alianza RTV's en Lucha: la externalización de la producción en manos privadas, mucho más moldeables para los altos cargos del ente.
En tercer lugar, otras de las denuncias de los comités de empresa: la digitalización, que "está cambiando la forma de producir". Canal Sur cuenta con 11 delegaciones en Andalucía y una en Madrid, ya que debe "abarcar un territorio muy grande". Por este mismo motivo, para "evitar la centralización y dar voz a la diversidad de su pueblo, que cuenta con distintas variedades lingüísticas y mucha diferencia cultural", se abrieron tres Centros de Producción, situados en Sevilla, Málaga y Granada. Todos "tenían la tarea de aportar programas a la cadena para que se vieran en todo Andalucía", pero la situación es muy diferente en los últimos tiempos. A excepción del de Sevilla, han ido perdiendo personal, de manera que aportar a la programación es casi imposible: "Esto significa que se está desmantelando la arquitectura del propósito de esta televisión y se está centralizando en Sevilla, lo que conlleva control".
La manipulación informativa alcanza "límites como nunca habíamos conocido"
La injerencia política dentro de Canal Sur es la principal lucha del Consejo Profesional de la RTVA, surgido en 2006 como un órgano independiente para velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas, como son "la independencia, imparcialidad, rigor, veracidad o pluralismo". Uno de sus miembros, Pedro Lázaro, asegura que, aunque la lucha contra la manipulación informativa, viene de atrás, se puede precisar un antes y un después: "Nuestra fecha clave es febrero de 2020 y es la llegada de Álvaro Zancajo a la Dirección de Informativos".
"En ese momento vamos a límites como nunca habíamos conocido, es la sustitución absoluta del periodismo por la propaganda", señala Lázaro. Tan solo un mes más tarde, el que sería posteriormente jefe de prensa de Macarena Olona en las elecciones andaluzas de 2022, cuenta con un nuevo peón que le ayudará en su 'colonización' de la televisión andaluza. Carmen Torres, que actualmente ocupa la jefatura de Informativos desde que Zancajo cayera, fue nombrada como delegada de Canal Sur en Madrid. En la capital no paró de acumular polémicas, llegando a abrir expedientes a cuatro de los diez trabajadores; procedimientos que cayeron en saco roto puesto que su fin fue "amedrentar y generar sensación de miedo en el que reivindica hacer buen periodismo para que no levante la voz". Pese a las quejas del mismo Consejo Profesional al Consejo de Administración, Torres fue "premiada" tomando el cargo del 'decapitado' Zancajo.
Estos nombramientos responden a una "estrategia" que se fragua desde los pasillos de la Junta: "La colonización política es cada vez mayor". En los últimos cuatro años, el Consejo Profesional ha puesto sobre la mesa más de un millar de "malas prácticas", que han "sacado a los andaluces y a sus problemas de la televisión pública". Lázaro expone algunos "casos rocambolescos": "Se ha dedicado el triple de tiempo a la subida del precio de las torrijas que a las tres sentencias de la Gürtel, se ha dedicado más tiempo al 60 aniversario de la muerte de John F. Kennedy que a las listas de espera sanitarias, el 16 de enero se destinó más tiempo al día de la croqueta que a la declaración de Alberto González Amador, se ha destinado un 1700% más a Venezuela que a la vivienda en Andalucía o se ha dedicado un 1000% más de tiempo a Puigdemoont que a las reclamaciones de los maestros o los estudiantes de la educación andaluza".
Es decir, se ha impuesto un "claro sesgo ideológico" que ha opacado a los criterios periodísticos. Premisa que se confirma si se conoce el tiempo que ha ocupado Moreno Bonilla en pantalla: "El presidente de la Junta monopoliza el 40% de toda la información política de Andalucía o el 70% junto a sus consejeros y el partido que le sustenta". Es decir, el PP se ha "adueñado" de la información en Canal Sur de tal manera que su "argumentario es prácticamente la escaleta de los espacios de noticias de la cadena".
Ante las quejas de los trabajadores, "desprecio", "ataques" y también silencio, ya que el Consejo de Administración rompió todo tipo de relaciones. Actualmente la "represión" ya no es tan "burda", sino más "sutil" y escondida en supuestas cuestiones organizativas: "La forma de las represalias es clara, cualquier persona incómoda es relegado a cualquier otra labor o destino" donde no pueda "molestar". Entre algunos ejemplos, se han "cesado a jefas de Economía por negarse a dar informaciones falsas sobre pensiones o a editores y profesores de un programa local por negarse a abrir un informativo con una concentración de Vox del día anterior".
