La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en respuestas a ElPlural.com “desconocer” la “procedencia” de Juan Vicente Bonilla, ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) que en octubre de 2023 su gobierno fichó como persona titular de la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), dependiente de la consejería de Sanidad madrileña.
La información, publicada en exclusiva por este periódico, compromete tanto al propio Bonilla como a la región en caso de que ésta no diera explicaciones y, por encima de todo, aumenta las sospechas sobre la posible existencia de una especie de ‘UCO patriótica’; organismo que podría haber maniobrado en la sombra para hacer caer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Biografía del alto cargo de la Guardia Civil
Tal y como ha podido saber este medio, Juan Vicente Moreno Bonilla contempla un programa de Doctorado de Derecho Público por la Universidad San Pablo CEU o un curso superior de Dirección y Gestión de Seguridad Integral, entre otras titulaciones.
Ha sido profesor asociado entre del departamento de criminología de la Universidad Camilo José Cela y en otros centros como el CEU san Pablo, mientras que, en el ámbito estrictamente profesional, desde 1998 ha ejercido como oficial de la Guardia Civil; entre 2001 y 2004, cuando es habilitado como Abogado del Estado Sustituto por la Abogacía General del Estado en varias provincias. Asimismo, ha publicado dos libros.
Madrid elude las preguntas
Esta persona, de quien Ayuso también dice no saber su nada de su perfil, percibe 84.268,32 euros anuales y fue fichado por la administración de la Puerta del Sol hace aproximadamente año y medio. Este periódico también se ha dirigido a otras personas del entorno de la presidenta de Madrid y a la propia Consejería de Sanidad para conocer su versión acerca de los hechos.
En lo que se refiere a la posible existencia de esa ‘UCO patriótica’, el departamento sanitario contempla que, si estas conversaciones “demuestran” algo, será la Justicia quien tiene que pronunciarse. “No podemos hacer valoración alguna, ya que de ser así entendemos que será un juez quien determine si demuestran o no demuestra (…) En ese apartado no entramos y al ser un asunto judicializado se dirimirá donde corresponda”, indican desde la consejería sanitaria.
Las mismas fuentes, también en conversaciones con este medio de comunicación, expresan que el puesto que ostenta Bonilla dentro del SERMAS “no se ha creado” recientemente, sino que “ya existía como consecuencia de la ley de protección de infraestructuras críticas, que es la que impone la existencia del departamento de seguridad corporativa y, por tanto, la de contar con un responsable”.
'Caso Koldo'
El protagonista de estas líneas, al que la baronesa dice no conocer y de cuya posible relación con una trama clandestina su entorno no se pronuncia, es considerado el primer investigador que puso el foco sobre las actividades del exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García; que dieron lugar al denominado ‘caso Koldo’. Dicho de otro modo, Bonilla dispondría de información reservada –“crítica”, según consta en la denuncia- sobre este caso antes de dar el salto al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, el exministro de Transportes pidió el mes pasado al juez del Tribunal Supremo (TS) su citación como testigo, en su caso como parte de una ofensiva contra la UCO.
El que fuera alto cargo de la Guardia Civil trabajó en Anticorrupción hasta abril de 2023 y medio año después entró en el Ejecutivo de la región madrileña, cargo que mantiene en la actualidad y por el que percibe más de 84.000 euros al año. ElPlural.com ha tenido acceso a conversaciones que Bonilla mantuvo con José Luis Caramés -imputado en la trama por el fraude de hidrocarburos- en las que emplaza a derrocar al gobierno de Sánchez. Tanto el ex capitán de la UCO como su confidente intercambiaron mensajes en esta línea durante cerca de cinco años (entre 2016 y 2021), tal y como ha podido comprobar este periódico.
Denuncia de la Guardia Civil
El antiguo alto cargo de la Benemérita ha sido acusado de ocultar “información crítica” en los sucesivos procedimientos que lograban incoar desde el cuerpo para beneficiar al Partido Popular. Así consta en una denuncia a la que también ha podido acceder este periódico y que ha caído en el Juzgado Central de Instrucción número 5, a cargo del juez Santiago Pedraz, en la que también se señala, según los denunciantes, que existían otra serie de guardias civiles que junto con Bonilla estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil, asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones para beneficiar a los ‘populares’.
En concreto, en el documento que relata unos hechos que han denunciado incluso otros miembros de la Guardia Civil, destacan que “se investiga simultáneamente y por los mismos hechos a, al menos, una persona y se está utilizando para investigaciones de contenido político” y que “los guardias civiles actuantes han distribuido a su antojo y con criterios personales tanto la información como el momento en el que introducían la misma en cada uno de los sucesivos procedimientos que lograban incoar”.
Los denunciantes dejan patente la existencia de informadores en la Guardia Civil; otros tres agentes, que reflejan estas líneas bajo las iniciales L.H., O.V.V y F.G.S.R. Se trata de funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían obrado de manera estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
