Vox ha cruzado esta semana una línea que hasta ahora solo insinuaba: la de exigir la expulsión de millones de inmigrantes, incluso aquellos que han nacido en España o ya cuentan con nacionalidad. El partido de extrema derecha presentó este lunes un “proyecto masivo de reemigración” que incluye la deportación forzosa de hasta ocho millones de personas. Es la propuesta más ambiciosa —y alarmante— que ha defendido hasta ahora en materia migratoria.
La encargada de dar forma y voz a esta medida fue la diputada Rocío de Meer, que en una rueda de prensa anunció sin matices que España debe prepararse para “una gran reemigración” porque “no hay otra salida”. En su intervención, apeló a la supuesta imposibilidad de integración de quienes no comparten “nuestras costumbres”, haciendo especial hincapié en el origen cultural y en los “riesgos” que, a su juicio, supone mantener una población extranjera amplia.
Según sus propias cifras, entre inmigrantes regulares, irregulares y descendientes de primera generación nacidos en territorio español, el total de personas que “no deberían estar en España” ascendería a ocho millones. Una cifra que no solo incluye a quienes no tienen papeles, sino también a quienes llevan décadas viviendo en el país, a menores de edad, a personas nacionalizadas, e incluso a nacidos en suelo español cuyos padres proceden de otros países.
La propuesta, que Vox denomina “reemigración masiva”, bebe del lenguaje de la ultraderecha francesa, alemana y estadounidense. De hecho, el término es calcado al que utiliza el partido ultra alemán Alternativa por Alemania (AfD), y el espíritu de fondo recuerda a los discursos de Donald Trump, que también propuso planes masivos de deportación como elemento central de su estrategia política.
Vox justifica su medida con un discurso alarmista en el que mezcla datos económicos, seguridad ciudadana y una narrativa identitaria en torno a la “sustitución demográfica”. La formación asegura que la inmigración cuesta a las arcas públicas 30.000 millones de euros al año y que la única forma de revertir lo que llaman “una transformación sin precedentes” es emprender un proceso de expulsión sin paliativos. Para ello, prometen revisar nacionalizaciones, suprimir ayudas sociales y modificar leyes para facilitar la deportación aunque haya arraigo o vínculos familiares.
Este viraje discursivo, lejos de ser una anécdota, responde a una estrategia más amplia: poner la inmigración en el centro del debate político. Vox ha detectado en el malestar social y en el ruido cultural un nicho de crecimiento, y no oculta su intención de convertir la migración en el eje sobre el que articular alianzas —tácitas o explícitas— con el Partido Popular, sobre todo en comunidades donde ya comparten gobiernos autonómicos.
El anuncio ha generado una reacción en cadena. Organizaciones sociales, colectivos de migrantes, juristas y formaciones progresistas han denunciado que el plan no solo es éticamente inasumible, sino también legalmente inviable. La expulsión de personas nacionalizadas o nacidas en España contraviene la Constitución, el derecho internacional y múltiples tratados firmados por el Estado español en materia de derechos humanos y no discriminación. Además, expertos en derecho migratorio alertan de que, en caso de aplicarse, supondría una ruptura total con los principios básicos del Estado de Derecho.
Pero más allá de los aspectos legales o constitucionales, el fondo de la cuestión va mucho más allá: Vox está intentando redefinir quién tiene derecho a ser parte de la sociedad española. Al convertir en sospechoso a cualquiera que no sea blanco, europeo y culturalmente homogéneo, la formación impulsa una peligrosa lógica de exclusión que afecta no solo a los inmigrantes, sino al conjunto de la ciudadanía.
En barrios, escuelas y centros de trabajo, millones de personas ven con estupor cómo se cuestiona su pertenencia al país en el que han nacido o al que llevan décadas contribuyendo. Esta propuesta no solo amenaza a quienes figuran en las estadísticas de extranjería, sino también a cualquier persona que escape del estrecho molde identitario que Vox quiere imponer.
Mientras tanto, el resto de fuerzas políticas debaten cómo reaccionar: ¿ignorar estas propuestas por descabelladas?, ¿confrontarlas frontalmente?, ¿o asumir parte del discurso por miedo a perder votos? En un país donde uno de cada cinco habitantes tiene origen extranjero, la propuesta de expulsar a ocho millones de personas no solo plantea un desafío legal o político: abre una grieta profunda en el modelo de sociedad que queremos construir. ¿Debe imponerse la lógica del miedo o la del respeto? ¿Debe la diversidad combatirse o integrarse? La respuesta, como siempre, está también en manos de la ciudadanía.
