La comunidad educativa andaluza ha dicho basta. Recientemente, las calles de Sevilla y Málaga se llenaron de un clamor unánime: en defensa de la educación inclusiva y contra los recortes del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que afectan directamente a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Padres, madres, docentes, sindicatos y representantes públicos se unieron para protestar contra un ataque sin precedentes a uno de los pilares del sistema: la atención a la diversidad.
Moreno Bonilla está poniendo en peligro el modelo de inclusión educativa en Andalucía. Están siendo directamente afectados algunos de los estudiantes más vulnerables: aquellos que requieren itinerarios adaptados, ciclos específicos y acompañamiento personalizado para desarrollarse plenamente como ciudadanos autónomos.
Nadie comprende los reiterados ataques del presidente andaluz del PP a la educación pública. Se cierran miles de aulas; hay centros educativos que literalmente se caen a pedazos; las ratios son insoportables; los barracones proliferan como nunca; y los recursos destinados a la educación especial se recortan.
La situación se ha agravado con declaraciones inaceptables, como las del delegado provincial de Educación de Sevilla, que, refiriéndose a los niños con autismo, llegó a decir: “¿Para qué quiere un niño con autismo un personal técnico de integración social? ¿para que le enseñe a mover la lengua enfrente del espejo?”. A pesar de la indignación generalizada de familias, profesores y sindicatos, la Junta de Andalucía no solo no lo cesó, sino que respaldó sus palabras.
Moreno Bonilla prometió que “la formación profesional es nuestra gran revolución educativa para dar oportunidades”. Pero la realidad desmiente sus palabras. Lejos de ampliar la oferta, la Junta está clausurando ciclos formativos diseñados específicamente para jóvenes con necesidades educativas especiales, eliminando así herramientas fundamentales para su desarrollo profesional y personal.
Uno de los casos más sangrantes se da en Álora (Málaga), donde el ciclo de FP Básica de Alfarería y Vidriería, destinado a alumnado con necesidades educativas especiales, está condenado al cierre tras 15 años de funcionamiento. Este ciclo ha sido un motor de inclusión y autoestima para sus estudiantes, y es uno de los dos únicos programas de estas características en toda Andalucía. La Junta justifica su decisión diciendo que solo hay dos alumnos matriculados, cuando en realidad son ocho, en una comarca con más de 150 menores que requerirán este tipo de recursos en los próximos años.
El alcalde del municipio, Francisco Martín, ha denunciado que “no hay derecho” a una decisión basada en datos falsos y que deja en la estacada a toda una comunidad educativa. La diputada socialista Desirée Cortés también ha señalado con claridad: “Estos ciclos dan independencia y libertad a los alumnos; quitarlos es una aberración”.
Pero Álora no es un caso aislado. En Antequera, el CEIP Reina Sofía -único centro de la comarca con un Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL)- ha visto cómo se elimina su taller de carpintería para alumnado con necesidades específicas. El ciclo llevaba 20 años en funcionamiento y contaba con 13 alumnos previstos para el curso siguiente. La decisión de la Junta de Andalucía ha sido tomada sin diálogo, sin alternativa y sin empatía.
Tanto UGT como Ustea han criticado esta eliminación como “un atentado contra la diversidad” y exigen que se mantenga el ciclo como un derecho básico de las familias a acceder a una educación inclusiva y de calidad. Suprimirlo es condenar a los estudiantes a la marginación y destruir una oferta educativa única en la zona.
En Huelva, la situación no es mejor. El IES Nuevo Milenio, en Zalamea la Real, acoge a alumnado con necesidades educativas especiales de toda la Cuenca Minera, la Sierra de Aracena y el Andévalo. Su ciclo adaptado de Cocina y Restauración será clausurado si la Junta no rectifica. Ocho alumnos está actualmente matriculados, y desde su implantación en 2019, el programa ha conseguido una verdadera inserción laboral y social para muchos jóvenes.
El profesorado del centro denuncia la discriminación: “Hay ciclos ordinarios con menos alumnos que no se tocan, pero los nuestros, por atender a alumnado con necesidades, son los primeros en desaparecer”. ¿Qué mensaje se está lanzando? ¿Que estos jóvenes no merecen los mismos derechos, recursos y oportunidades?
La respuesta social ha sido inmediata. Familias, docentes y sindicatos se están movilizando en defensa de sus hijos, sus alumnos y sus derechos. No se trata solo de resistir una decisión injusta, sino de frenar una deriva política que desmonta los fundamentos de la educación pública.
La indignación es legítima y la movilización, imprescindible. Si la Junta de Andalucía no rectifica, estará enviando un mensaje peligroso: que en su modelo de educación no caben todos. Que algunos niños y niñas sobran. Que hay vidas que valen menos.
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sigue siendo una gran asignatura pendiente para Moreno Bonilla. Padres y madres de toda Andalucía denuncian la falta de sensibilidad de la Junta hacia sus hijos e hijas, que tienen los mismos derechos de escolarización que cualquier otro alumno.
¿Por qué Moreno Bonilla maltrata a los profesionales que se dedican a atender a este alumnado? ¿Por qué recorta recursos que son fundamentales para su integración y bienestar? ¿Por qué hay dinero para subirse el sueldo dos veces en un año, pero no para garantizar los apoyos necesarios en el aula?
Muchas familias, ante la falta de personal, se ven obligadas a costear de su propio bolsillo el acompañamiento que debería cubrir la administración. No es justo. No lo es que un niño o niña se quede atrás por culpa de los recortes del PP.
La educación inclusiva no es un lujo ni una opción: es un derecho. Está protegida por la Constitución Española, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la Ley Orgánica de Educación. Su desmantelamiento no solo vulnera leyes: atenta contra la dignidad de estos jóvenes y sus familias.
Moreno Bonilla pasará a la historia como el presidente que recortó la educación de quienes más lo necesitaban. Porque no se construye una sociedad justa excluyendo a los más vulnerables. Porque sin inclusión, no hay educación. Y sin educación para todos, no hay democracia.
