España ha recibido este lunes un nuevo pago de los fondos europeos que confirma el respaldo de Bruselas al avance del plan de recuperación, aunque con un ajuste menor sobre el importe inicialmente previsto. La Comisión Europea ha autorizado el desembolso de más de 24.000 millones de euros, tras reconocer el cumplimiento de la inmensa mayoría de los hitos comprometidos por el Gobierno. El ajuste, de unos 1.000 millones, responde a aspectos pendientes como la compensación adicional a los funcionarios interinos y la subida del impuesto al diésel, cuestiones sobre las que el Ejecutivo continúa trabajando.
El Gobierno de Pedro Sánchez había solicitado el desembolso en diciembre y ha mantenido desde entonces un diálogo constructivo con Bruselas para facilitar el desbloqueo. España incluso adelantó inversiones que correspondían a pagos posteriores, lo que ha permitido acelerar proyectos estratégicos en todo el país. Hace un mes, la Comisión Europea destacaba la estrecha colaboración con las autoridades españolas para culminar la evaluación del plan, un proceso que ha culminado este lunes con el visto bueno al pago y que refuerza el liderazgo de España en la ejecución de los fondos europeos.
Según ha informado el Gobierno, la Comisión respalda así las reformas e inversiones puestas en marcha para impulsar la transformación estructural de la economía española. Entre las medidas validadas destacan los avances en educación, con la aprobación de la nueva Ley de Universidades, la creación de 50.000 plazas adicionales de Formación Profesional y el impulso de las microcredenciales universitarias. En el ámbito de la justicia, se ha constatado la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Organizativa y Procesal y la Ley del Derecho de Defensa, que modernizan el sistema judicial.
En materia de transición ecológica, se han aprobado 12 protocolos de Transición Justa, la restauración de ecosistemas costeros y la creación de nuevas áreas marinas protegidas, junto a la nueva Ley de Aguas orientada a la sostenibilidad y la eficiencia hídrica. El sector de las energías renovables también ha recibido un espaldarazo con la simplificación normativa, el refuerzo de la capacidad instalada y el impulso al hidrógeno verde. Las inversiones validadas abarcan infraestructuras de transporte —carreteras, cercanías y red ferroviaria—, vivienda social y regadíos sostenibles, así como medidas de apoyo a pymes para facilitar su acceso a financiación y fomentar la digitalización y la sostenibilidad, especialmente en los sectores agroalimentario y pesquero.
Una de las novedades de este quinto pago es el volumen de préstamos, que por primera vez incluye una cifra significativa de 15.935 millones de euros. Estos recursos se destinarán a iniciativas como los fondos ICO —ICO Verde, ICO Empresas y Emprendedores, e ICO Vivienda— con más de 30.000 millones ya asignados, el Fondo de Resiliencia Autonómica para fortalecer la inversión regional, los fondos gestionados por COFIDES —Fondo de Impacto Social (FIS) y Fondo de Coinversión (FOCO)— y los fondos estratégicos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Transformación Digital: Next Tech, Audiovisual Hub y PERTE CHIP.
Hitos pendientes y trabajo conjunto para su validación
Pese al importante avance que supone la aprobación de este quinto desembolso, queda pendiente la validación completa de dos hitos vinculados al pago, sobre los que los equipos técnicos de la Comisión Europea y del Gobierno de España continúan trabajando de forma coordinada con el objetivo de cerrar su evaluación en los próximos meses.
Por un lado, sigue sin validarse la modificación de la fiscalidad del diésel, tras no prosperar en el Congreso de los Diputados la enmienda parlamentaria que planteaba la retirada de la bonificación fiscal a este combustible. Por otro, está pendiente de conclusión la evaluación definitiva del proceso de digitalización de entidades regionales y locales. Según el Ejecutivo, “el grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas, a fin de poder evaluar su cumplimiento completo”.
Además, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno está adaptando el compromiso relacionado con la reducción de la temporalidad en el empleo público, un objetivo incluido en la primera solicitud de pagos y que requiere ajustes para alinearse con el fallo judicial. España dispondrá de un plazo adicional para culminar estos compromisos pendientes, mientras que continuará recibiendo los pagos parciales correspondientes a los hitos ya verificados de forma satisfactoria.
