“Hemos perdido 100.000 alumnos en los últimos cuatro o cinco año”. Con estas palabras define la portavoz del sindicato de Educación CSIF en Andalucía, Elena García, la realidad a la que se enfrenta la Educación en la comunidad autónoma en lo que se refiere a ratios.
En la práctica, la situación continúa provocando que muchos alumnos tengan que estudiar en barracones, por ejemplo, en Málaga; donde el escenario es especialmente crítico. “Técnica y políticamente se llaman aulas prefabricadas o caracolas (…) Se opera de esta manera porque hablamos de zonas que se encuentran muy tensionadas en cuanto a población escolar y donde las infraestructuras de los centros no tienen aulas suficientes”. Hace tiempo que hace falta, por lo tanto, un cambio. “Pero mientras remodelan o no, pasan años”, lamenta la responsable sindical.
Con los datos sobre la mesa, la fuente que ha hablado para estas líneas explica a ElPlural.com desde el otro lado del teléfono que tanto la provincia de la Costa del Sol como del poniente almeriense son las más tensionadas. “En estos sitios y las áreas metropolitanas sí que crece (…) Y en estas provincias están especialmente tensionadas las ratios. Mientras que se hacen los edificios, se construyen las aulas, que hay cuestiones que dependen de la administración local, otras de la Junta, otras de los ayuntamientos. Y luego, ¿de dónde sacamos el dinero?”, dicta como causas que no hacen sino acrecentar el problema.
Cierre de un centenar de aulas
Hace una semana, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, denunciaba el cierre de más de un centenar de aulas en la educación pública en la provincia malagueña para el próximo curso: 20 de ellas de educación infantil, 26 de educación primaria y 60 de educación secundaria.
El responsable socialista culpaba directamente la dejadez del presidente de la Junta de Andalucía de lo que estaba ocurriendo. “Estos recortes, que se unen a los cientos que ya se han producido, hacen que la educación pública en la provincia de Málaga esté siendo atacada de una manera sistemática por el Gobierno de Moreno Bonilla”, dejaba clara.
Así las cosas, explicaba que “si la natalidad está descendiendo, si hay menos alumnos en la educación pública, lo que hay que hacer es recortar la ratio, para poder atender de una manera más eficiente por parte del profesorado y en mejores condiciones a los alumnos”.
De esa manera, defendía que “los recortes en la educación implican recortar en igualdad”, dado que “solo la educación pública es la que garantiza la igualdad de oportunidades; esa palanca, ese ascensor social que supone la educación para los niños y las niñas puedan enfrentarse en igualdad en condiciones a un mejor futuro para todos”.
Para tratar de paliar la situación, el PSOE anunciaba que iba a empezar una campaña, con mociones en todos los consistorios y en la Diputación misma, con el objetivo de exigir al gobierno de la Junta de Andalucía “que pare de una vez el cierre de unidades escolares en la educación pública”.
“Exigimos que la educación pública no sufra estos recortes y tenga esa financiación adecuada. No puede ser que los recortes en financiación siempre vayan para la educación pública. Si hay una menor demanda, eso se tiene que traducir en una reducción en la ratio, en un menor número de alumnos por clase y no en la eliminación y cierre de unidades escolares”, apuntalaba.
No es un caso aislado
El abandono por parte de la autonomía no se queda en Málaga y Almería. En Sevilla también hay casos concretos, y en Cádiz el mollar de la situación se sitúa en los problemas de la matriculación. En la provincia gaditana impidieron nuevas matriculaciones a pesar de habiendo plazas disponibles, como ocurre en el CEIP Santa Teresa. Dicho centro, solo un ejemplo de la problemática, dispone de tres reservas en Infantil para el próximo curso, pero no permite la incorporación de más estudiantes a pesar de que la ratio aquí sí que lo permite.
Entretanto, el PSOE condenaba que la situación forma parte de un plan generalizado de recorte de líneas públicas del que se desprenden la eliminación de 2.400 aulas en el conjunto de la Autonomía. A esta reducción hay que sumarle la pérdida de 300 profesores, una cifra que contrasta con el incremento de 72 millones de euros en el presupuesto para la educación concertada.
Y esto último, para más inri, ha advertido de que el proceso podría desembocar en un ERE encubierto que acabaría afectando a alrededor de 2.000 profesores: “Así los jóvenes que estudian magisterio pensarán que es más fácil encontrar empleo entre los amiguetes del PP propietarios de esos centros privados y concertados".
