La carrera por la privatización de la sanidad en Andalucía por parte de la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla vuelve a estar en manos de la Justicia. El último acuerdo del Consejo de Gobierno para que se supriman los controles a la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha provocado un nuevo desvío de fondos a la sanidad privada que ha supuesto la llamada de la justicia al presidente autonómico.
Desde la oposición socialista, el portavoz de Presidencia, Mario Jiménez, ha acusado al PP de Moreno Bonilla de estar “acosado por la corrupción” después de que se haya conocido un acuerdo de los populares “que él mismo firma por el que se levanten los controles de la Intervención a la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS)”. Esto, precisan, ha supuesto el desvío de 1.500 millones de euros “de la sanidad pública” al sistema privado de salud en las contrataciones realizadas “irregularmente por parte del SAS”.
El procedimiento ha llevado a que se pronuncie el juez que, según adelantan desde el Partido Socialista, “ya ha pedido esa documentación, que implica directamente al propio Moreno Bonilla”. En este sentido, Jiménez ha alertado de que el PP ha vuelto a “sacar del baúl un caso cerrado como el de los ERE, al que el Tribunal Constitucional dio carpetazo” con el único objetivo de “tapar su corrupción, casos en los que, claramente, el PP está implicado”.
Altos cargos investigados por corrupción
En líneas similares, el portavoz socialista ha hecho referencia a la presencia de altos cargos del partido de Moreno Bonilla en las provincias de Sevilla y Almería investigados por presuntos casos de corrupción. Por ello, ha instado al PP andaluz a que “inmediatamente tome decisiones” y “contribuya” de verdad “a la limpieza de la actividad pública y de la política en Andalucía”.
En lo que respecta a la situación en la capital de la autonomía, Jiménez ha advertido de que Moreno Bonilla mantiene a su delegado de Gobierno en Sevilla y presidente del PP en la provincia, Ricardo Sánchez, mientras sigue en calidad de imputado en la causa judicial en curso sobre una trama urbanística para la construcción de un tanatorio de Mairena del Alcor.
En esta línea, el portavoz socialista ha exigido el cese del delegado de la Junta en Sevilla, señalando que “no puede seguir ni un minuto más estando imputado por una causa de corrupción de la gravedad de lo que ocurrió con el ‘caso Tanatorio’”.
Por su parte, en referencia a los dos altos cargos investigados en Almería, Jiménez ha reprochado que estén “implicados claramente” en el caso del presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia. Sobre esto, ha añadido que se ha sabido que hablan “de las tallas de lo que se estaba comprando, cuando, en realidad, presuntamente se referían al nivel de mordida”. Por ello, ha insistido en que se trata de un posible “enriquecimiento ilícito”, cuando España entera “estaba sometida a una crisis gravísima”.
“Es la talla moral del PP en Andalucía”, ha criticado Jiménez, lamentando la inacción que demuestra Moreno Bonilla en la lucha contra la corrupción cuando su propio Gobierno está “en tela de juicio” con tres investigaciones en los tribunales abiertas. "Y a pesar de ello se niega a tomar decisiones y a apartarlo", ha recalcado.
Querella contra un directivo del SAS
La petición del juez y la denuncia pública del PSOE en Andalucía se produce de manera paralela al anuncio de querella por parte de los socialistas contra un dirigente del SAS. Los de María Jesús Montero presentarán una querella contra Demetrio González Mera, director Económico de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz y primer imputado en la causa.
“Tanto en el caso mascarillas de Almería como en el de fraccionamiento de contratos del SAS, el PSOE-A se va a personar”, ha revelado el portavoz socialista, Francisco Cuenca. “Hay causa y unos presuntos contratos troceados de una manera muy grave, 235 millones de euros de por medio, cuatro altos cargos imputados y un posible delito de malversación y otro de prevaricación”, ha continuado explicando en rueda de prensa. “Vamos a solicitar la personación en este caso al entender que hay un daño muy importante para el sistema sanitario público”, ha añadido.
Asimismo, los socialistas pretenden personarse como acusación particular en la causa a cargo del Juzgado número de 3 de Cádiz, que investiga presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos del SAS por valor de 235 millones de euros. Demetrio González iba a declarar como testigo, pero finalmente fue imputado y ahora el PSOE-A quiere sumar una querella a las sospechas de la jueza en torno a su coordinación y seguimiento de las compras y logísticas de todos los centros del SAS en la provincia gaditana.
